Foto: Xemenendura / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Lo que está pasando en Ceuta tiene consecuencias reales, y quienes las están pagando no son quienes llevan años justificando este modelo migratorio.
Las pagan los ceutíes que han visto alterada su seguridad y su vida cotidiana. Las pagan las mujeres afectadas por las denuncias de agresiones sexuales que los juzgados de Ceuta tramitan desde el inicio de esta crisis —varias de ellas calificadas como presuntas agresiones en fase de instrucción—, hasta el punto de que el CGPJ ha pedido reforzar esos juzgados. Y las pagan también quienes se ponen en manos de organizaciones criminales para intentar llegar a la Península.
Pero hay quienes están ganando.
Las mafias.
La Policía ha desarticulado dos organizaciones que cobraban hasta 9.000 euros por persona para llevar clandestinamente a migrantes desde Ceuta hasta La Línea (Cádiz). Siete personas en una misma lancha pueden suponer más de 60.000 euros para la organización en una sola noche. Intermediarios, escondites, vehículos y lanchas rápidas: el descontrol se ha convertido en un negocio.
Y hay que decirlo claramente: una política migratoria que pierde el control de la frontera termina dejando a los ciudadanos más expuestos y a las mafias más fuertes.
No es solidaridad permitir que una ciudad viva con miedo. No es humanidad permitir que las redes criminales se enriquezcan transportando personas en embarcaciones sin seguridad. Y tampoco es razonable exigir a los españoles que acepten como inevitable aquello que un Estado tiene la obligación de impedir.
Por eso la solución que durante años se ha querido presentar como radical empieza a parecer cada vez más elemental: fronteras firmes, Policía y Guardia Civil con medios suficientes, expulsión conforme a la ley de quien no tenga derecho a permanecer en España y tolerancia cero con quienes hacen negocio con la inmigración ilegal.
Eso es proteger.
Y desde Paiporta tampoco deberíamos esperar a sufrir las consecuencias para entenderlo. La seguridad de nuestros barrios, la tranquilidad de nuestras familias y el respeto a nuestras leyes deben estar por encima de cualquier complejo político. Un gobierno está para proteger a su pueblo; cuando deja de hacerlo, ha olvidado su primera obligación.
