El inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, ha declarado ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA que devastó la provincia el 29 de octubre de 2024 que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, estaba “desconectada” en el momento clave en el que se debatió y acordó enviar el mensaje de alerta masiva ES-Alert a la población, según informa The Objective
Según Basset, la decisión sobre el texto y el consenso para activar el sistema de avisos se produjo mientras Bernabé no estaba participando activamente en las deliberaciones, y no recuerda ninguna aportación suya relevante sobre el contenido o el momento del envío.
El testigo, que ya había comparecido días atrás, insistió también en que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) funcionó sin información técnica procesada ni escenarios claros sobre la evolución real del riesgo, especialmente en zonas como el barranco del Poyo, cuya inundación causó gran parte de los daños y fallecimientos de esa jornada trágica.
Esta nueva declaración se produce en un contexto de tensión informativa y judicial sobre la gestión de la emergencia. Otros responsables que han testificado ante la jueza han puesto el foco en el retraso en el envío de la alerta masiva —que no llegó a los teléfonos móviles de la ciudadanía hasta las 20:11 horas, cuando ya se habían producido numerosas víctimas— y en las dificultades de interpretación de datos por parte de organismos como la CHJ y AEMET.
Además, el exjefe operativo ha desmentido versiones previas que atribuían la decisión a órganos como el Cecopi, subrayando que alguien tomó la determinación fuera de los cauces oficiales habituales de coordinación.
Paralelamente, otro testigo clave del 112 declaró que ese mismo día se produjo una avalancha de llamadas de emergencia desde primeras horas de la tarde, lo que evidencia la magnitud de la crisis y las dificultades de respuesta.
La instrucción judicial sigue en curso, con múltiples comparecencias que buscan aclarar la cadena de decisiones y responsabilidades en la gestión de una de las peores catástrofes naturales de la historia reciente en la Comunidad Valenciana.
