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El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha cargado duramente contra el grupo municipal de Compromís tras la polémica generada por la detención y posterior archivo judicial de una denuncia por presuntos malos tratos contra un mando de la Policía Local.
Según recoge El Español, el consistorio considera que Compromís actuó de manera precipitada y políticamente irresponsable al exigir medidas contra el agente antes de que existiera resolución judicial alguna, ignorando —a juicio del gobierno local— uno de los principios básicos del Estado de Derecho: la presunción de inocencia.
La controversia se centra en las declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales realizadas por el portavoz de Compromís en Alicante, Rafa Mas, quien llegó a solicitar la paralización de procesos administrativos y la retirada cautelar del arma reglamentaria del intendente, cuando el procedimiento judicial todavía no se había resuelto.
Tal y como detalla El Español en su información, la causa fue archivada por el juzgado apenas 24 horas después de la detención, sin que se apreciaran indicios suficientes para continuar el procedimiento. Pese a ello, desde el Ayuntamiento se reprocha que el daño reputacional al funcionario ya estaba hecho, al haberse difundido públicamente la acusación sin esperar al pronunciamiento judicial.
En paralelo, la concejal de Compromís Sara Llobell se pronunció en redes sociales con el mensaje:
“La violencia machista no admite excepciones: ni poder, ni rango, ni uniforme.”
Una afirmación realizada en el contexto del debate político abierto tras la detención y difundida antes de conocerse el archivo judicial del procedimiento, según el propio desarrollo de los hechos.
Desde el equipo de gobierno municipal se insiste, siempre según el citado medio, en que no se cuestiona la existencia de protocolos internos ni la necesidad de actuar con prudencia, pero se advierte de que convertir una denuncia posteriormente archivada en un arma política supone una grave irresponsabilidad institucional.
Por su parte, Compromís ha defendido su actuación alegando que se limitó a pedir la aplicación de los protocolos municipales y que, una vez conocido el archivo judicial, manifestó su respeto a la decisión de la justicia. No obstante, el Ayuntamiento considera que esa rectificación llega tarde y no compensa el señalamiento público previo.
El enfrentamiento ha reavivado el debate sobre el uso político de las denuncias, la responsabilidad de los cargos públicos en sus declaraciones, especialmente en redes sociales, y el respeto efectivo a la presunción de inocencia, cuando se trata de funcionarios públicos cuya honorabilidad queda en entredicho por acusaciones finalmente archivadas.
