En 2014, dos concejalas del PSOE en Paiporta fueron condenadas por utilizar a empleados municipales en tareas de carácter personal.
El Tribunal Supremo las declaró culpables de malversación de caudales públicos, imponiéndoles una pena de un año y medio de prisión por encargar a funcionarios municipales trabajos particulares — como mudanzas o limpieza de viviendas — durante su horario laboral.
Hoy, el Supremo recuerda ese precedente de Paiporta y abre la puerta a la prisión para Begoña Gómez, al considerar que el uso indebido de recursos públicos con fines privados constituye delito, incluso cuando se trate de hechos puntuales.
