
Una proposición presentada por VOX en el pleno ordinario del 27 de octubre de 2026 abrió un debate sobre la fiscalización de las bajas de oficio del padrón municipal. La formación planteó que los concejales puedan consultar expedientes concretos mediante solicitudes motivadas, después de poner el foco en un caso particular cuya tramitación considera necesario comprobar. PSOE, Compromís y PP cuestionaron diferentes aspectos de la iniciativa.
PAIPORTA | 20 de noviembre de 2026. La gestión del padrón municipal de Paiporta volvió al centro del debate político durante el pleno ordinario celebrado el pasado 27 de octubre. El Grupo Municipal VOX presentó una proposición para reforzar las posibilidades de control administrativo sobre los expedientes de baja de oficio, planteando que los concejales puedan acceder a documentación individualizada cuando exista una solicitud motivada y vinculada al ejercicio de sus funciones de fiscalización.
La propuesta surgió en el contexto de un caso concreto que VOX considera necesario revisar. La formación puso así bajo la lupa el funcionamiento de determinados procedimientos administrativos del padrón y reclamó herramientas para comprobar que su tramitación se ajusta a las exigencias legales.
La existencia de ese caso no acredita, por sí sola, la comisión de un fraude ni demuestra irregularidades en la actuación municipal. Con la información disponible no se ha identificado ninguna resolución administrativa o judicial que confirme las sospechas planteadas. El debate se sitúa, por tanto, en el terreno de la fiscalización política y de la comprobación documental.
La iniciativa planteaba un procedimiento de acceso a expedientes determinados, sin solicitar una consulta generalizada de los datos del conjunto de vecinos inscritos en el municipio.
Durante el debate, los representantes de los grupos municipales manifestaron distintas posiciones. El PSOE consideró que la propuesta respondía a un asunto particular y anunció que votaría en contra. Compromís defendió el rigor de la gestión del padrón y el Partido Popular cuestionó la técnica jurídica utilizada para formular la iniciativa.
La discusión puso de manifiesto las diferencias existentes sobre cómo deben ejercerse las funciones de control de los representantes municipales cuando la documentación solicitada contiene datos personales protegidos.
Un caso concreto abre el debate sobre la gestión del padrón
El origen político de la proposición estuvo vinculado a un caso particular relacionado con la gestión administrativa del padrón de Paiporta.
VOX planteó que la revisión de determinados expedientes puede resultar necesaria para comprobar si se han seguido correctamente los procedimientos establecidos por la normativa.
El planteamiento responde a la preocupación expresada por la formación sobre la posibilidad de que existan actuaciones administrativas que merezcan una comprobación más detallada.
Sin embargo, no se han aportado públicamente en la información disponible elementos suficientes para determinar cuál habría sido la eventual irregularidad, su alcance o si efectivamente se produjo.
Por esta razón, no puede darse por demostrado un fraude en el padrón municipal ni atribuir responsabilidades a empleados públicos, responsables políticos o particulares.
La cuestión que VOX llevó al pleno fue la necesidad de facilitar mecanismos de comprobación administrativa cuando los concejales consideren que existen motivos concretos para revisar una actuación.
En ese contexto, la formación defendió que la fiscalización de expedientes individuales constituye una herramienta para supervisar la gestión municipal.
El debate no implicaba cuestionar globalmente la validez del padrón de Paiporta ni la situación administrativa de sus vecinos. Se centraba en el acceso de los representantes municipales a la documentación necesaria para comprobar actuaciones determinadas.
VOX pide acceso motivado a expedientes de baja de oficio
La proposición establecía que los concejales pudieran solicitar el acceso a expedientes específicos de baja de oficio del padrón municipal.
Para ello, la petición debería formularse de manera motivada y estar relacionada con las funciones de control que corresponden a los miembros de la corporación.
VOX planteó además un plazo máximo de cinco días naturales para atender las solicitudes, dentro del procedimiento y de las garantías legalmente aplicables.
El objetivo declarado era permitir que los representantes municipales pudieran examinar la tramitación de expedientes determinados y comprobar que se han seguido los pasos administrativos correspondientes.
La iniciativa no planteaba entregar indiscriminadamente la información personal del padrón ni establecer un mecanismo de consulta abierto sobre todos los vecinos inscritos.
Su contenido se limitaba al acceso motivado a expedientes individuales de baja de oficio, con la finalidad de desarrollar labores de fiscalización de la actividad municipal.
¿Qué son las bajas de oficio del padrón municipal?
El padrón es el registro administrativo en el que constan los vecinos de un municipio. Su información sirve para acreditar la residencia y el domicilio habitual de las personas inscritas.
Los ayuntamientos tienen la responsabilidad de mantener actualizados esos registros y de tramitar las modificaciones que correspondan.
Entre los procedimientos existentes se encuentran las bajas de oficio por inscripción indebida, que pueden iniciarse cuando la administración comprueba que una persona no cumple los requisitos para continuar inscrita en un determinado municipio.
La normativa exige un procedimiento administrativo que permita comprobar las circunstancias correspondientes y ofrecer a la persona afectada las garantías previstas legalmente.
Las instrucciones técnicas sobre gestión del padrón, aprobadas mediante la Resolución de 29 de abril de 2020 y sus modificaciones posteriores, regulan aspectos de estos procedimientos.
Con carácter general, la tramitación de una baja de oficio requiere comprobar las circunstancias que la justifican y permitir que el interesado pueda formular alegaciones cuando corresponda.
El PSOE anuncia su oposición a la iniciativa
Durante el debate celebrado en el pleno, los representantes socialistas cuestionaron el planteamiento formulado por VOX.
El PSOE defendió que la iniciativa respondía a un asunto particular y anunció que su posición sería contraria a la proposición.
Esta respuesta situó parte de la discusión en la conveniencia de establecer un mecanismo de control a partir de un asunto individual.
VOX, por su parte, defendió la necesidad de disponer de acceso motivado a la documentación de determinados expedientes para comprobar la actuación administrativa.
Compromís defiende el rigor del padrón municipal
Compromís también intervino en el debate para defender el funcionamiento del padrón de Paiporta.
La formación sostuvo que su gestión se realiza de manera rigurosa y cuestionó el planteamiento impulsado por VOX.
El debate refleja distintas valoraciones sobre la utilidad de la propuesta y su encaje en el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento.
El PP cuestiona la técnica jurídica de la propuesta
El Partido Popular también expresó reparos a la iniciativa presentada por VOX.
Durante su intervención, la portavoz popular calificó de «floja» la técnica jurídica utilizada en la formulación de la proposición.
La crítica se dirigió a la construcción jurídica del planteamiento y no supone por sí misma una valoración sobre la existencia de irregularidades en el caso que motivó el debate.
La ley reconoce derechos de información a los concejales
El artículo 77 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, reconoce a los miembros de las corporaciones locales el derecho a obtener del alcalde o de los órganos correspondientes los antecedentes, datos e informaciones que obren en poder de los servicios municipales y resulten necesarios para desarrollar su función.
La misma disposición establece que las solicitudes de ejercicio de ese derecho deben resolverse motivadamente en los cinco días naturales siguientes a su presentación.
Por su parte, el artículo 14 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales contempla las condiciones de ejercicio de ese derecho.
Transparencia y protección de datos deben ser compatibles
El padrón municipal contiene información personal y está sometido a las normas de protección de datos.
Por esta razón, cualquier solicitud de acceso debe respetar las garantías legales previstas para ese tipo de información.
El derecho de los concejales a fiscalizar la actividad municipal no convierte automáticamente la información obtenida en documentación de libre difusión pública.
En este caso, la información disponible no permite identificar el supuesto error que VOX pretende revisar ni conocer el contenido del expediente al que alude la controversia.
Una sospecha no equivale a una irregularidad demostrada
El enfoque de VOX parte de la necesidad de revisar un caso que considera relevante para comprobar la gestión municipal.
Sin embargo, conviene distinguir entre una sospecha política, una incidencia administrativa y una irregularidad acreditada.
Por ese motivo, la expresión «posibles irregularidades» debe entenderse como una hipótesis planteada en el debate político y no como un hecho probado.
La ausencia de documentación pública que permita confirmar las sospechas impide establecer conclusiones sobre el caso.
El control de los expedientes, en el centro de la discusión
La proposición presentada por VOX deja planteada una cuestión sobre el funcionamiento institucional del Ayuntamiento: cómo debe facilitarse el acceso a expedientes cuando los concejales necesitan comprobar una actuación administrativa determinada.
El gobierno municipal, a través de PSOE y Compromís, cuestionó la necesidad de la propuesta desde distintos argumentos. El Partido Popular, por su parte, centró sus reparos en la técnica jurídica empleada.
VOX defendió que las solicitudes motivadas y referidas a expedientes concretos pueden servir para ejercer las funciones de fiscalización de los representantes municipales.
La cuestión de fondo permanece abierta: cómo compatibilizar el rigor de la gestión administrativa, las garantías de los vecinos y la capacidad de los concejales para comprobar actuaciones municipales.
Paiporta mantiene así abierto un debate sobre transparencia, garantías administrativas y fiscalización del padrón municipal, sin que las sospechas planteadas permitan afirmar, por ahora, que se haya demostrado fraude alguno.
Fuentes normativas contrastadas: artículo 77 de la Ley 7/1985, artículos 14 y 15 del Real Decreto 2568/1986 e instrucciones técnicas de gestión del padrón municipal publicadas en el BOE.




