El equipo de gobierno defendió que solo existen casos puntuales y que el Ayuntamiento ya actúa, mientras la oposición criticó la falta de medidas más firmes para proteger a vecinos y propietarios
El pleno de Paiporta volvió a evidenciar la distancia política entre el equipo de gobierno, formado por PSOE y Compromís, y la oposición en torno a uno de los problemas que algunos vecinos han trasladado tras la DANA: la ocupación ilegal o el uso irregular de inmuebles dañados, cerrados o abandonados por las consecuencias de la riada.
La propuesta debatida planteaba la creación de un punto de asesoramiento para propietarios, la elaboración de un diagnóstico sobre inmuebles vulnerables, la identificación de zonas afectadas, medidas de cierre y aseguramiento de bajos y viviendas en riesgo, así como una mayor coordinación entre Policía Local, Urbanismo y Servicios Sociales.
Desde el PSOE, Susana defendió que el Ayuntamiento ya está actuando dentro de sus competencias y aportó datos municipales: en una población cercana a los 30.000 habitantes, con alrededor de 11.900 inmuebles residenciales y 6.500 inmuebles de otros usos, afirmó que el registro actual de viviendas residenciales ocupadas es “cero”, aunque reconoció la existencia de tres inmuebles de otros usos afectados, entre ellos un bajo comercial y dos bajos industriales. Según explicó, estos casos ya cuentan con identificación, contacto con propietarios y seguimiento administrativo.
El PSOE sostuvo que la propuesta no procedía por razones “técnicas, organizativas, competenciales y de eficiencia administrativa”. Según esta postura, las medidas planteadas ya formarían parte del funcionamiento ordinario de la Policía Local, Urbanismo y Servicios Sociales. También se defendió que el Ayuntamiento no puede ordenar desalojos por cuenta propia, al tratarse de actuaciones que requieren intervención judicial.
Compromís se alineó con esta posición y defendió que la Policía Local, Bienestar Social y Urbanismo ya intervienen dentro de sus competencias. Juan Elías señaló que la moción partía, a su juicio, de un planteamiento confuso, porque hablaba de “frenar la ocupación” cuando, según su intervención, ninguna de las medidas propuestas tendría capacidad real para hacerlo. “Esta moción no cambia la realidad ni la capacidad de actuación del Ayuntamiento”, afirmó.
Sin embargo, desde la oposición se cuestionó que el equipo de gobierno reduzca el problema a casos puntuales cuando los vecinos que los padecen sufren consecuencias directas en materia de convivencia, salubridad e inseguridad. Daniel Furió, portavoz de VOX, criticó que PSOE y Compromís se escuden en que “ya se está actuando” y reclamó más voluntad política para aplicar las competencias municipales disponibles.
Furió citó situaciones concretas de bajos y zonas afectadas por la DANA, donde, según trasladó, se habrían producido molestias, suciedad, altercados, presencia continuada de personas, problemas de salubridad y llamadas recurrentes a la Policía Local. En su intervención, defendió que el Ayuntamiento puede actuar sin saltarse la ley mediante requerimientos a propietarios, medidas urbanísticas, cierre de inmuebles inseguros y vigilancia preventiva.
El debate subió de tono en su tramo final, especialmente tras la intervención del alcalde, que defendió la actuación de los departamentos municipales y acusó a Furió de generar un problema generalizado donde, según el equipo de gobierno, solo existen tres casos o situaciones de pernoctación.
El resultado político fue claro: PSOE y Compromís votaron en contra de la propuesta, mientras PP y VOX defendieron su aprobación. La oposición consideró que la iniciativa podía servir para reforzar la protección de vecinos y propietarios, mientras el gobierno local sostuvo que las medidas eran redundantes, ya estaban en marcha o excedían la capacidad municipal.
La cuestión de fondo queda abierta: si existen inmuebles afectados por la DANA que se han convertido en focos de suciedad, inseguridad o problemas de convivencia, el Ayuntamiento deberá demostrar con hechos que sus procedimientos actuales son suficientes para dar respuesta a los vecinos que denuncian estas situaciones.
