Los registros públicos de inversión en infraestructuras ferroviarias y las memorias anuales de seguridad muestran una paradoja inquietante: a mayor volumen de gasto, mayor número de descarrilamientos registrados en la red.
Entre 2012 y 2017, la inversión en infraestructura ferroviaria alcanzó aproximadamente 13.697 millones de euros. En ese mismo periodo —tomando como referencia los años con datos oficiales disponibles— se contabilizaron 16 descarrilamientos. Se trata de una etapa con cifras contenidas tanto en inversión como en incidentes, y con una evolución relativamente estable.
El panorama cambia de forma significativa a partir de 2018. Desde ese año y hasta 2025, la inversión pública en la red ferroviaria se dispara hasta los 22.226 millones de euros, casi 9.000 millones más que en el periodo anterior. Sin embargo, lejos de reducirse los incidentes, los descarrilamientos registrados entre 2018 y 2024 ascienden al menos a 121, con picos especialmente elevados en los últimos ejercicios.
Los datos proceden de informes y memorias oficiales de organismos públicos como ADIF y de la CIAF, y no establecen por sí mismos una relación causal directa. No obstante, sí plantean dudas razonables sobre la eficacia del gasto, el estado real del mantenimiento de la red y los criterios técnicos aplicados en la ejecución de las inversiones.
Este contraste ha cobrado especial relevancia tras recientes accidentes ferroviarios y ha reabierto el debate público sobre la necesidad de auditorías técnicas independientes, mayor transparencia en la contratación y una revisión profunda de las prioridades de inversión, especialmente cuando están en juego la seguridad de los viajeros y la confianza en las infraestructuras públicas.
La comparación entre ambos periodos deja una conclusión clara: más dinero no ha significado, hasta ahora, más seguridad, una cuestión que exige explicaciones y medidas correctoras por parte de los responsables públicos.
